Hay una gran desigualdad en el mundo en lo que respecta al cambio climático, ya que tanto sus efectos como los recursos que se necesitan para la mitigación y la adaptación están distribuidos de forma poco equitativa. Sin embargo, para los gestores activos, los mercados de capitales pueden favorecer la justicia climática.
En la 27ª Conferencia de las Partes de Naciones Unidas (COP27) que se celebró el pasado mes de diciembre, se produjo un pequeño avance en lo que se refiere a la cuestión central de justicia climática, gracias a la aprobación de un acuerdo para la creación de un fondo de pérdidas y daños, que allana el camino para que el «Norte Global» ayude al «Sur Global» en la lucha contra el cambio climático y la mitigación de sus efectos.
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático calcula que 3.300 millones de personas viven ya en áreas vulnerables desde el punto de vista climático. El sector privado puede desempeñar un papel muy importante en la financiación de una transición justa y de adaptación al clima en aquellas comunidades que lo necesitan. En este sentido, los inversores pueden asegurarse de que los factores sociales quedan integrados en la asignación del capital y en las actividades de inversión responsable, o invertir en bonos sociales, entre otras medidas.
Energías renovables en los países emergentes
Aunque la COP27 no logró alcanzar los compromisos previstos en materia de emisiones, la conferencia puso a los mercados de capitales en el punto de mira, haciendo hincapié en su potencial contribución a la financiación de una transición justa que respalde la adaptación en los países en vías de desarrollo. La financiación mixta, que combina la financiación pública y filantrópica con el capital privado, podría ser una buena opción.
Indonesia firmó un acuerdo por valor de 20.000 millones de dólares con países desarrollados y grandes entidades crediticias internacionales para que la ayudaran en su proceso de transición de los combustibles fósiles a las fuentes de energías renovables. La Asociación para una Transición Energética Justa constituye un paso importante para el país, tercer productor mundial de carbón.
Sudáfrica, otro de los países emergentes con gran producción de carbón, fue el primer país en firmar un acuerdo de este tipo, seguido de Vietnam. La India, Filipinas y Senegal estarán atentos a la evolución de estos acuerdos, ya que se plantean la posibilidad de celebrar otros similares.
«Las asociaciones para lograr una transición energética justa no solo tienen como objetivo reducir las emisiones del sector eléctrico y acelerar la transición energética en los países dependientes del carbón, sino que también impulsan el crecimiento económico, crean nuevos puestos de trabajo, reducen la contaminación atmosférica y contribuyen a un futuro sólido y próspero».
Thibaud Clisson,director de cambio climático
Compromiso de los inversores con el planeta y la salud
El sector agrícola y alimentario también estuvo muy presente durante la celebración de la COP27. Existen varios problemas relacionados con la justicia climática: el sistema alimentario actual genera el 37% de las emisiones mundiales, pero se desperdicia una tercera parte de los alimentos, mientras sigue habiendo hambre en los países del «Sur Global» y la inseguridad alimentaria está muy extendida incluso entre las poblaciones más pobres de los países de rentas medias y elevadas.
Para lograr la transición mundial hacia un contexto de cero emisiones netas, los sistemas alimentarios deben llevar a cabo su propia transición. Para ello, deben producirse cambios sustanciales en la dieta favoreciendo el consumo de proteínas vegetales y alternativas, debe aumentarse la eficiencia de las cadenas de suministro para que generen menos metano y residuos y ha de reducirse la deforestación. Las prácticas alimentarias actuales, además de ser poco sostenibles, conllevan riesgos financieros, normativos y reputacionales.
«El éxito de la transición de los sistemas alimentarios y de uso de la tierra depende de la colaboración de los distintos implicados, entre los que se encuentran los inversores. No solo hemos de evitar rebasar los límites planetarios, sino que también hemos de corregir la desigualdad creada por el sistema actual en relación con el acceso a dietas saludables y adecuadas».
Rachel Crossley, directora de gestión responsable, Europa
Las propuestas climáticas en las juntas generales aumentan en todo el mundo
Están surgiendo nuevas herramientas para abordar las prioridades climáticas, incluso en el ámbito del gobierno corporativo tradicional. Inicialmente promovidas por las organizaciones no gubernamentales y los inversores, las propuestas en materia climática que se someten a la votación de los accionistas han ido adquiriendo una popularidad cada vez mayor entre las empresas en los últimos dos años.
Con el objetivo de ofrecer a los accionistas un voto consultivo sobre la estrategia o los informes de la empresa en materia climática, y de mejorar el diálogo entre los accionistas en este ámbito, las compañías se muestran cada vez más partidarias de incorporar estas propuestas al orden del día de sus juntas generales anuales.
No obstante, esta práctica se encuentra aún en una fase incipiente: solo el 2% de las juntas generales anuales de nuestro perímetro de votación presentaron propuestas climáticas en 2022. Aún no está claro si esta práctica llegará a generalizarse. Algunos inversores sospechan que estas propuestas podrían suponer una distracción frente a una acción climática eficaz.
A pesar de los distintos puntos de vista y teniendo en cuenta la gran variedad de enfoques, es necesario un marco común para facilitar una comprensión global y la armonización de las propuestas climáticas.
«Por el momento, este tipo de propuestas climáticas son voluntarias, lo que da libertad a las empresas para decidir su estrategia. Es posible que acaben regulándose, al igual que la comunicación de información en materia climática».
Paula Meissirel, analista de gestión responsable
Los mercados necesitan transparencia, los inversores necesitan claridad
La COP27 anunció la adopción de unas normas de comunicación de información cada vez más estrictas, como el lanzamiento este año de la plataforma Net-Zero Data Public Utility y la integración prevista por CDP de las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS 2) en 2024.
Aunque toda esta normativa puede resultar confusa, lo cierto es que se está avanzando en la dirección correcta. El periodo de ajuste será complicado a corto plazo para los mercados de capitales, ya que algunas de las normas del Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR), la Taxonomía de la Unión Europea y la Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros II entran en vigor antes de que la armonización sea completa.
En el cuarto trimestre de 2022, los fondos del artículo 8 y 9 habían acumulado 15.800 millones de euros, mientras que los del artículo 6 habían caído en 3.300 millones (fuente: Morningstar Direct). Estos datos demuestran que este mercado sigue despertando un gran interés. Las gestoras de activos desempeñan un papel fundamental a la hora de ofrecer claridad a sus clientes, de manera que sus preferencias se traduzcan en resultados concretos que contribuyan a una economía mundial más justa y sostenible.
«La normativa continúa evolucionando, pero el principio básico sigue siendo el de ofrecer una mayor transparencia, algo clave para fomentar la confianza de los inversores».“Regulation is still evolving, yet the guiding principle remains one of greater transparency, which is key to building investors’ confidence.”
Laurence Caron-Habib, directora de asuntos públicos
Este artículo forma parte del apartado PERSPECTIVAS COLECTIVAS de nuestro Informe de sostenibilidad 2022, en el que nuestros expertos comparten su opinión sobre tres cuestiones fundamentales: el clima, la biodiversidad y la geopolítica.
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