El clima, la situación geopolítica y los factores macroeconómicos se combinan entre sí para hacer que la inestabilidad se convierta en una constante, más que en una excepción a la norma. Al menos durante un tiempo. En nuestra opinión, la sostenibilidad sigue siendo el mejor prisma a largo plazo para entender los factores de crisis y anticipar una economía inclusiva, sostenible desde el punto de vista medioambiental y con bajas emisiones de carbono. Los desafíos que plantea pueden estar interconectados, pero también lo están las soluciones.
La integración de los factores medioambientales, sociales y de buen gobierno (ESG, por sus siglas en inglés) ha llegado para quedarse, tal y como demuestra el fuerte crecimiento de las normativas de inversión sostenible, que han pasado de menos de 50 en 2015 a más de 500 en la actualidad (fuente: Preqin). Los inversores adheridos a los Principios para la Inversión Responsable de las Naciones Unidas (PRI) gestionan activos por valor de más de 100 billones de dólares.
Los esfuerzos realizados por la iniciativa PRI y otros grupos del sector han sido decisivos para poner fin al debate del deber fiduciario. La relevancia de la inversión sostenible como motor de crecimiento a largo plazo ya no se cuestiona y es fundamental para hacer frente al entorno actual, lo que ofrece oportunidades a los gestores activos.
En un contexto de disrupción, necesitamos más que nunca instituciones mediadoras efectivas que continúen con la integración de las cuestiones ESG y promuevan una normativa que permita la inversión de los billones de dólares que se necesitan para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en todo el mundo[1].
En nuestra opinión, los inversores deben participar en este proceso en los momentos en los que hay que dar respuesta a las crisis y abogar por una normativa sólida y homogénea a escala mundial.
Las reacciones a corto plazo marcan la agenda a largo plazo
La guerra de Ucrania y sus consecuencias son un ejemplo de desafíos interconectados, desde el cambio climático hasta la seguridad energética y la inflación. En 2022, las crisis de suministro energético provocaron el aumento de los precios de las materias primas y de la inflación en todo el mundo y obligaron a Europa a replantearse sus políticas en materia de energía. Los países europeos optaron por diversificar el suministro energético y aumentar el uso del gas y del carbón como solución provisional, una medida que podría prolongar la dependencia de los combustibles fósiles.
Si la Unión Europea desea alcanzar sus objetivos climáticos, esta medida ha de tener carácter temporal. Sería más recomendable valorar proyectos de bajas emisiones de carbono a corto plazo con el fin de aumentar la resiliencia futura. No solo es que el desarrollo de las infraestructuras de energía limpia sea más rápido que el de la energía térmica o nuclear, sino que además refuerza la seguridad del suministro y tiene efectos deflacionistas. En este sentido, por ejemplo, la Ley estadounidense para la Reducción de la Inflación incluye casi 400.000 millones de dólares en incentivos destinados a los programas de energía limpia.
«El amplio alcance del programa de recuperación NextGenerationEU, por valor de 2 billones de euros, pone de manifiesto que en los niveles más altos del proceso de adopción de decisiones se comprende que no solo necesitamos una Europa más verde, sino también más digital y más resiliente».
Maya Bhandari, directora global de multiactivos
La inversión sostenible debe aspirar al largo plazo, pero actuar en momento actual. En 2022 se ha demostrado que a las autoridades les resulta complicado traducir esta idea en sus políticas.
La normativa como círculo virtuoso
Los regímenes de fijación de precios del carbono, que pretenden desincentivar las emisiones de gases de efecto invernadero, son un ejemplo de ello. Cuando en 2022 aumentaron los precios contemplados en el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE, la Comisión Europea reaccionó ofreciendo ayuda financiera a los participantes en el programa e incluyendo los derechos de emisión de la Unión Europea en la financiación del plan RePower EU.
Aunque resultan comprensibles en el marco político actual, estas decisiones reflejan la idea de que, en momento de crisis, está justificado sacrificar los objetivos de sostenibilidad a largo plazo para solucionar el problema a corto plazo. Esto no tiene por qué ser así.
También se podría aceptar, y no evitar, el aumento de los precios del carbono y sus consecuencias positivas.
La normativa europea también podría optar por gravar las emisiones transfronterizas, lo que igualaría las condiciones para las empresas sujetas a las normas del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE y animaría a los mercados exportadores a desarrollar su propio impuesto sobre el carbono. Además, las empresas europeas que tardaran menos en descarbonizarse lograrían una ventaja competitiva con la venta de sus derechos de emisión, que irían incrementando su valor. También se podría animar a los ciudadanos a sumarse a estos esfuerzos, por ejemplo con incentivos a la electrificación, lo que se complementaría muy bien con las iniciativas mencionadas.
En términos generales, la mitigación del cambio climático exige cambios estructurales y políticas ambiciosas que reflejen el hecho de que vivimos en un mundo interconectado. Por lo tanto, este objetivo no puede desligarse de la situación geopolítica, la seguridad alimentaria, la pérdida de biodiversidad o incluso la salud pública: según la revista Nature, el 58% de las enfermedades infecciosas a las que se ha enfrentado la humanidad en todo el mundo se han visto agravadas en algún momento por los riesgos climáticos.
«El análisis de las interconexiones que existieron entre los factores que impulsaron las revoluciones industriales del pasado y los avances tecnológicos previos nos puede ayudar a evaluar el papel y el valor de las interconexiones actuales: ¿se trata de soluciones rápidas y aisladas, o forman parte esencial de una nueva infraestructura medioambiental?».
Edward Lees y Ulrik Fugmann, codirectores del equipo de inversión de estrategias medioambientales
Los inversores pueden contribuir a esta dinámica mediante la gestión responsable, pero sobre todo invirtiendo en los principales avances tecnológicos que pueden contribuir a aumentar la resiliencia de la economía en el futuro.
Financiación de las infraestructuras de «resiliencia interconectada»
La sostenibilidad y la eficiencia son la base de la llamada «cuarta revolución industrial». Al igual que ocurrió en las anteriores revoluciones industriales, surgirá a partir de una plataforma de infraestructuras basada en dichos avances, como las fábricas inteligentes, los sistemas autónomos, la impresión 3D y el aprendizaje automático. La combinación de estas tecnologías permitirá el uso cada vez más eficiente de la capacidad y los recursos, así como el inicio de una economía compartida basada en enfoques de «código abierto» para la información y la innovación.
No hay que menospreciar este nuevo paradigma. La historia ha desmentido la idea de que los servicios y productos disruptivos mantienen unos costes marginales elevados y un crecimiento lineal. Por ejemplo, en 2012, la Agencia Internacional de la Energía preveía que la generación mundial de energía solar alcanzaría los 550 TWh en 2030, y sin embargo en 2021 superó los 1.000 TWh.
A pesar de las elevadas expectativas, los inversores que tratan de unirse a este nuevo paradigma se enfrentan a diversos desafíos, no exentos de dificultades:
- Entender el alcance e interconexión de los futuros retos y oportunidades
- Identificar qué compañías sobrevivirán y crecerán, no solo las tendencias al alza
- Tratar de lograr resultados medioambientales positivos con un enfoque de inversión flexible
Este artículo forma parte del apartado PERSPECTIVAS COLECTIVAS de nuestro Informe de sostenibilidad 2022, en el que nuestros expertos comparten su opinión sobre tres cuestiones fundamentales: el clima, la biodiversidad y la geopolítica.
[1] Cuando se anunciaron en 2015 los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se fijó su cumplimiento en 2030 con un coste estimado de entre 5 y 7 billones de dólares anuales; fuente: Why it is essential that we close the SDG data gap, and how it can be done (bnpparibas-am.com)
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