Continúa el debate político sobre la reforma del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE, o mercado ETS, para contribuir al cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones del bloque. Thibaud Clisson resume los últimos acontecimientos y mira hacia el futuro.
El futuro del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE, el principal mecanismo de reducción de emisiones del bloque, que regula aproximadamente el 40% de las emisiones de la UE, ha protagonizado las conversaciones que tratan de equilibrar las pretensiones de su paquete de medidas climáticas «Objetivo 55» con la necesidad urgente de una mayor seguridad energética tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia y las sanciones relacionadas con el petróleo y el gas rusos.
Estas fuerzas contrapuestas retrasaron en junio la decisión sobre el futuro del mercado ETS, pero en virtud de un acuerdo de compromiso, las emisiones de las empresas que utilizan el régimen ETS deben reducirse en un 63% de aquí a 2030. Esta cifra supera la propuesta del 61% que presentó la Comisión Europea. El Parlamento Europeo también votó a favor de poner fin a los derechos de emisión gratuitos de la UE para las industrias en 2032, con una eliminación progresiva a partir de 2027.
También se aprobó el impuesto fronterizo sobre el carbono (o mecanismo de ajuste del carbono en frontera) y la ampliación del régimen ETS al transporte marítimo internacional, que se aplicaría a todas las emisiones del transporte marítimo con destino y origen en la UE para 2027.
Endurecimiento de la normativa y precio del carbono
La previsión de endurecimiento de la normativa en materia de ETS, que incluye la reducción de la oferta de derechos de emisión, provocó el aumento del precio de dichos derechos, que casi llegaron a alcanzar este año los 100 euros. En la actualidad se sitúan en torno a los 85 euros. Los precios podrían continuar cayendo en un entorno de ralentización económica y en el marco del paquete de medidas de la UE denominado «Ahorrar gas para un invierno seguro». Ambos factores podrían reducir la demanda de gas hasta la próxima primavera.
A largo plazo, sin embargo, se prevé que los precios del carbono mantengan su tendencia alcista. Las proyecciones más recientes se basan en factores potenciales de reducción lineal y apuntan a un precio de 150 euros en 2023.
La preocupación por el papel de los inversores con derechos de emisión, pero ajenos al mercado ETS ha llevado a algunos participantes en el mercado a solicitar a la UE que ponga freno a la actividad especulativa de estos agentes «irregulares». Polonia, por ejemplo, ha exigido que se tomen medidas para mantener fuera del sistema a los especuladores financieros. Una medida drástica podría afectar a los volúmenes de negociación y a la liquidez de los mercados.
Sin embargo, en un informe reciente, la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) afirma que la actividad especulativa solo representa el 4% del mercado. Además, el Banco Central Europeo ha declarado que la especulación tiene un impacto limitado sobre los precios. A pesar de ello, el Parlamento Europeo quiere reducir la participación de los inversores en la negociación de los derechos de emisión.
Un precio para la importación de emisiones
El impuesto propuesto sobre las emisiones transfronterizas obliga a las empresas extranjeras a pagar un precio del carbono por los productos importados. Tendrán que comprar certificados CBAM relacionados con las emisiones de sus importaciones, con un precio que estará basado en el precio medio de comercialización de los derechos de emisión del régimen ETS en la semana anterior a la importación. Entre los productos que se verán afectados están el cemento, la electricidad, los fertilizantes, el hierro y el acero y los productos de aluminio.
El Parlamento Europeo quiere ampliar el ámbito de aplicación del mecanismo de ajuste del carbono en frontera, de modo que se incluyan también los productos químicos orgánicos, los plásticos, el hidrógeno y el amoníaco.
Aunque es posible que un impuesto al carbono en frontera no afecte por sí mismo al precio de los derechos de emisión, las empresas nacionales recibirán menos derechos, lo que, unido a la aplicación del mecanismo de ajuste, podría hacer subir los precios.
El mecanismo de ajuste también podría servir para animar a otras jurisdicciones a elaborar políticas climáticas con normas similares a las de la UE. Kazajistán, por ejemplo, ha desarrollado su propio impuesto sobre el carbono para evitar el pago íntegro del mecanismo de ajuste: las exportaciones a la UE representan el 40% de su volumen total de exportaciones.
Pensamos que la inversión en fases iniciales de las tecnologías de transición, por ejemplo, en los diferentes mecanismos para producir acero utilizando hidrógeno verde, irán adquiriendo un mayor sentido económico a medida que se vayan eliminando los derechos de emisión gratuitos y entre en vigor el impuesto en frontera. Esto también se aplica a otros sectores industriales.
En la actualidad, los fabricantes europeos de acero están en desventaja con respecto a los no europeos, que no tienen que pagar las emisiones en el marco del régimen ETS de la UE. El impuesto en frontera debería eliminar este obstáculo e impulsar un movimiento global de descarbonización entre los fabricantes de acero y otras industrias.
Emisiones de otros sectores
La Comisión Europea también ha propuesto que en enero de 2024 se ponga en marcha un régimen ETS independiente que cubra las emisiones del transporte por carretera y de los edificios.
La reducción de las emisiones de estos sectores será fundamental para cumplir el plan «Objetivo 55». Aunque las emisiones de la UE relacionadas con el uso de la energía se han reducido, las emisiones de los segmentos residencial y comercial se han mantenido relativamente estables y las emisiones derivadas de los transportes han aumentado.
Sin embargo, el uso de un régimen ETS, en lugar de la aplicación de normas, para hacer frente a las emisiones del transporte y la construcción es un asunto controvertido. Según la Fundación Europea del Clima, aumentaría el coste de la vida sin reducir de forma significativa el nivel de emisiones. Otros se muestran más optimistas. El objetivo de la Comisión es que el régimen ETS reduzca en un 43% las emisiones del transporte y las carreteras de aquí a 2030.
Los diputados del Parlamento Europeo han acordado que el nuevo régimen ETS solo se aplique a los edificios comerciales y al transporte, y no a los ciudadanos, hasta 2029. El precio de los derechos de emisión tendrá un tope de 50 euros, y la Reserva de Estabilidad del Mercado del régimen ETS se utilizará para incorporar derechos al mercado si el precio supera este nivel en 2030.
Una parte de los ingresos generados por la venta de estos derechos de emisión se destinaría al Fondo Social del Clima para ayudar a las familias de rentas bajas.
Para aquellos inversores que estén interesados en la rehabilitación de edificios o en las energías renovables, la Comisión Europea afirma que la fijación del precio del carbono en el sector de los edificios no resolverá por sí sola los obstáculos a estas medidas. Las normativas de los Estados miembros sobre el rendimiento energético de los edificios, en virtud del Reglamento de reparto del esfuerzo de la UE, serán de gran ayuda en este sentido. Debemos estar atentos a su evolución.
En general, la mecánica del régimen ETS permitiría acelerar la descarbonización. Un precio más elevado podría ofrecer oportunidades a los vendedores de derechos de emisión. Como vendedores, aquellas empresas que puedan descarbonizar antes que el resto podrían contar con una ventaja competitiva.
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