Los mercados de renta variable se han estabilizado después de que altos cargos de la Reserva Federal de Estados Unidos apuntaran a un posible recorte de tipos de interés el próximo mes. En Europa continúan los esfuerzos, sin resultados por el momento, por reajustar la política fiscal y mantener al mismo tiempo el estado del bienestar europeo.
Aquí puedes escuchar el artículo
La Reserva Federal al rescate
Los mercados de renta variable han repuntado esta semana, después de que algunos miembros de la Reserva Federal señalaran que no había que descartar un nuevo recorte de tipos en el marco de la reunión que celebrará la entidad en los próximos 9 y 10 de diciembre.
El 21 de noviembre, John Williams, vicepresidente del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal, afirmó que veía margen para que el banco central volviera a recortar a corto plazo los tipos de interés, dado el debilitamiento del mercado laboral.
El comentario del vicepresidente se vio reforzado por las declaraciones posteriores del gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, que se mostró partidario de un recorte de tipos ante los escasos indicios de que se esté produciendo un aumento de la inflación, mientras el mercado laboral continúa debilitándose.
Pensamos que la entidad anunciará el tercer recorte de 25 puntos básicos del año en su reunión de diciembre, y que en 2026 volverá a recortar los tipos de interés hasta en tres ocasiones más.
Las declaraciones de los responsables políticos de la Reserva Federal provocaron una revalorización de los mercados monetarios, que ahora descuentan una probabilidad de en torno el 75% de que la entidad anuncie un recorte de 25 puntos básicos en la reunión de diciembre (antes de las declaraciones de John Williams, la probabilidad era del 40%).
No es un momento fácil para gobernar en Europa
En Europa, esta semana hemos vuelto a comprobar las dificultades a las que han de enfrentarse los gobiernos a la hora de equilibrar los problemas fiscales que conlleva mantener el «modelo europeo» del estado del bienestar en un contexto de envejecimiento de la población, nuevas amenazas a la seguridad, cambio climático y tipos de interés más altos.
Los responsables políticos son muy conscientes de que los electores han demostrado en repetidas ocasiones que no están preparados para aceptar las duras decisiones que exige una profunda reestructuración de las finanzas públicas.
Bandazos en el Reino Unido
La ministra británica de Economía Rachel Reeves ha tenido que dar marcha atrás en dos reformas fiscales clave.
La primera de ellas se refiere al plan de recortes en las prestaciones sociales, que fue retirado durante el verano tras la rebelión de varios miembros de su propio partido, y la segunda a la propuesta de un plan de medidas que incumple los compromisos del programa electoral con una subida del impuesto sobre la renta. Esta propuesta se planteó en los días previos a la presentación de los presupuestos, para ser retirada poco después.
Francia vuelve a aplazar el problema
El gobierno francés aclaró la semana pasada que aprobaría una «ley especial» si, como parece probable, los presupuestos no logran la aprobación del Parlamento antes de final de año; es decir, el mismo procedimiento que vivió el año pasado tras la caída del gobierno de Barnier.
Dicha ley prolongaría el debate presupuestario hasta principios de 2026. La medida podría reducir el riesgo de inestabilidad política a corto plazo, pero no implica que Francia avance hacia una mayor disciplina fiscal.
¿Reforma de las pensiones en Alemania?
El Consejo Alemán de Expertos Económicos emitió un dictamen independiente claramente pesimista en su informe anual de 600 páginas dirigido al gobierno. La entidad prevé que el crecimiento del PIB aumentará del 0,2% registrado este año a solo el 0,9% en 2026, por debajo de las previsiones del gobierno, que apuntan a un incremento del 1,3%.
Según el consejo, el impulso fiscal del gobierno aportará el 0,3% del crecimiento, el efecto calendario (festivos que caen en fin de semana) otro 0,3%, y solo el restante 0,3% será atribuible al crecimiento estructural.
Por su parte, tras solo seis meses al frente del nuevo gobierno de coalición, el canciller alemán Friedrich Merz se enfrenta a una rebelión entre las bases más jóvenes de su propio partido de centro derecha, Unión Demócrata Cristiana (CDU), sobre un proyecto de ley de pensiones que consideran excesivamente generoso para la generación de más edad.
Sería bastante inusual que el futuro del gobierno alemán dependiera de una ley basada en un acuerdo entre los socios de la coalición gobernante. Sin embargo, así podría ocurrir en el caso de la ley sobre las pensiones.
La coalición gobernante formada por los partidos CDU/CSU y SPD, de centroderecha y centroizquierda respectivamente, acordó una reforma del sistema público de pensiones con el objetivo de estabilizar el nivel de las prestaciones. Sin embargo, un grupo de jóvenes parlamentarios de la CDU/CSU lo consideran injusto para con las generaciones más jóvenes y rechazan el proyecto de ley en su forma actual.
Nuevos parlamentarios se han unido esta semana a los «rebeldes». Si no dan marcha atrás dejarían sin mayoría a la coalición, y el acuerdo, resultado de negociaciones muy complejas, terminaría por fracasar, lo que podría dejar a la coalición en una situación mucho más frágil.
Pero es necesario actuar con rapidez
En una nota titulada «Cómo puede Europa pagar lo que no se puede permitir», el Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió este mes de que retrasar la acción política podría resultar costoso, ya que podría deteriorar la situación fiscal de varios Estados europeos y complicaría aún más la tarea de los responsables políticos.
Según la nota del FMI, los retrasos en la acción política podrían duplicar los niveles de deuda pública en el país europeo medio en los próximos quince años. Ello se traduciría en tipos de interés más elevados, una debilidad aún mayor del crecimiento económico y un impacto negativo en el nivel de confianza de los mercados.
En los países con elevados niveles de deuda, el FMI considera que no hay más alternativa que replantear el alcance de los servicios públicos y el contrato social entre el Estado y los ciudadanos.
