La revisión de la directiva MiFID II de la Unión Europea que entra en vigor este mes de agosto y que obliga a las sociedades de inversión a evaluar las preferencias de los clientes en materia de sostenibilidad establece una prioridad normativa que afectará a los profesionales de la gestión de activos a partir de 2022.
A partir del 2 de agosto, los asesores y distribuidores de productos financieros tendrán que pedir a los clientes que especifiquen sus preferencias en materia de sostenibilidad. Esta medida forma parte de la agenda europea para dirigir el capital a las empresas que se muestran más activas en la transición hacia una economía inclusiva y con bajas emisiones de carbono.
En nuestra opinión, esta normativa constituye un potente elemento acelerador que da poder a los inversores y mejora la transparencia en un entorno normativo particularmente denso, en el que la lucha contra el blanqueo ecológico está muy presente.
Hacia una construcción de carteras más personalizada
La posibilidad de situar al cliente en el centro del proceso permitiéndole expresar sus preferencias de inversión llevará a una mayor personalización de las carteras de inversión, pero también facilitará una oferta de productos medioambientales, sociales y de buen gobierno (ESG, por sus siglas en inglés) más armonizada.
El cuestionario MiFID que se utilizará para recopilar la información relativa a las preferencias de inversión y determinar la idoneidad del producto será crucial. Se refiere a los criterios ESG, la adecuación de los productos a la taxonomía europea y las «externalidades negativas de la inversión».
Las respuestas de los inversores habrán de traducirse en una oferta concreta de productos. Este modelo «a la carta» presenta un importante desafío: el de ajustar las preferencias del inversor a las características del fondo.
Cada distribuidor deberá elaborar un cuestionario. No obstante, las entidades de regulación estarán especialmente atentas a la hora de interpretar la legislación: la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) ha aclarado este punto recientemente, ofreciendo los primeros elementos de un marco prescriptivo. Se trata de una buena iniciativa que debería llevar a la armonización de los cuestionarios.
Nuevos retos para las gestoras de activos
En este nuevo paradigma, el sector de la gestión de activos desempeña un papel fundamental: el de proponer una oferta completa que se corresponda con toda la variedad de perfiles de inversor, no solo en lo que respecta a las preferencias ESG, sino también en relación con la propensión al riesgo, la diversificación de la cartera, la liquidez, etc.
Las gestoras deben asegurarse de que los fondos propuestos se ajustan a las expectativas definidas por los clientes y los distribuidores. De acuerdo con los objetivos establecidos, los fondos tendrán que:
- limitar impactos negativos como las emisiones de gases de efecto invernadero o la desigualdad salarial entre mujeres y hombres
- integrar una proporción de activos definidos como «sostenibles»
- ajustarse a los objetivos de la taxonomía europea, como son la mitigación del cambio climático y la protección de los ecosistemas
En la actualidad, la oferta de BNP Paribas Asset Management incluye una amplia gama de productos que integran los criterios ESG, con más de 330.000 de euros en activos gestionados (a finales de diciembre de 2021), y que abarcan una amplia variedad de sectores y regiones.
La introducción de la normativa MiFID debería aumentar aún más el atractivo de los fondos sostenibles, pero habremos de asegurarnos de mantener una equilibrada asignación del capital para evitar la concentración excesiva de inversiones.
Los datos: un primer paso esencial
En línea con el entusiasmo que muestran los inversores por las finanzas sostenibles, los reguladores europeos están intensificando sus esfuerzos e involucrando a todas las partes interesadas.
Tras la introducción de la normativa MiFID II, las normas técnicas reglamentarias de nivel 2 entrarán en vigor el 1 de enero de 2023. Estas normas ofrecerán un sólido marco de actuación en lo que se refiere a la forma en que las gestoras de activos ofrecen información sobre los denominados fondos del artículo 8 y 9 en virtud del Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR, por sus siglas en inglés). Por otro lado, la Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD, por sus siglas en inglés), que aún se está estudiando, pretende reforzar las obligaciones de información financiera y ESG de las empresas a partir de 2024.
Aunque acogemos con satisfacción los avances que representa este marco normativo, el orden de la normativa podría haber sido mejor: si las empresas comunicaran primero su información ESG de forma transparente y armonizada, las gestoras podrían utilizarla en la construcción de sus ofertas de fondos y, por último, los distribuidores podrían evaluar las preferencias de los inversores por las inversiones sostenibles.
Esta secuencia nos exige recopilar datos extrafinancieros de las compañías a través de otros medios. En BNP Paribas Asset Management utilizamos desde 2018 nuestra propia metodología de puntuación, que aplicamos a más de 13.000 emisores y que nos permite recopilar información sobre diversos criterios ESG, que completamos con información de otras fuentes.
Tecnología: elemento central de MiFID II
A la hora de definir la asignación óptima de una cartera en función de las preferencias ESG de un inversor, la tecnología será esencial para recopilar y procesar los datos ESG, así como para garantizar que dichos datos se tienen en cuenta en las estrategias de inversión.
Asimismo, la tecnología desempeñará un papel importante en la oferta destinada a los clientes en el marco de MiFIDII: los algoritmos permitirán traducir las limitaciones derivadas de los cuestionarios en carteras óptimas que satisfagan las necesidades de los inversores.
Por último, la tecnología también es una herramienta de formación. Abogamos por el uso de canales digitales, para lograr una experiencia ágil y simplificada que esté conectada con los algoritmos de construcción de carteras y que permita una mayor diversidad en la asignación del capital y un mejor control del riesgo, en línea con los retos que plantea la sostenibilidad.
Una mirada al futuro
En los próximos años, la puesta en marcha de una normativa en materia de finanzas sostenibles constituirá un importante proyecto para el sector de los servicios financieros. Apoyamos y contribuimos a los esfuerzos que realizan los reguladores para aumentar la transparencia de la información disponible, y entablamos relaciones de diálogo activo con las autoridades y los gobiernos para ayudarles a configurar los mercados en los que invertimos y las normas que guían y rigen el comportamiento de las empresas.
Aún queda mucho por hacer, sobre todo en lo que se refiere a la mejora de la calidad y el acceso a la información ESG de las empresas. Confiamos en que la iniciativa MiFID II y otras normativas acaben por aportar una mayor armonización en beneficio de los clientes.
No olvidemos que representa mucho más que un nuevo marco legal: es un paso importante hacia la reasignación de capital en la transición ecológica y las cuestiones sociales. Como todos los cambios importantes, esta transición llevará su tiempo y requerirá la ayuda de todas partes interesadas: distribuidores, gestoras de activos, reguladores y, por supuesto, inversores.
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