¿Cómo han de enfrentarse los inversores a las numerosas medidas de endurecimiento normativo que ha puesto en marcha China desde la segunda mitad de 2020? ¿Cómo encajan dichas medidas en la estrategia central de China, destinada a fortalecer su sector interno y a embarcarse en una competencia estratégica a largo plazo con Estados Unidos?
Esta es una versión abreviada del artículo del mismo título de Chi Lo.
Un cambio en las tácticas de reforma
La recuperación económica tras la pandemia de COVID-19 ha ofrecido a los dirigentes chinos la oportunidad de abordar problemas estructurales mediante el endurecimiento del control normativo, que favorece el desarrollo de los componentes y el hardware de «tecnología dura» frente a la expansión de la «tecnología blanda» (comercio electrónico). Esta circunstancia supone un cambio con respecto al enfoque previo de Pekín, que basaba el crecimiento en el consumo.
Ahora el país desea aumentar la fabricación de alto valor para favorecer el desarrollo de los sectores tecnológico y de energías renovables en respuesta al cambiante entorno nacional e internacional, con una intensificación de la competencia entre China y Estados Unidos.
Los asesores estadounidenses de seguridad nacional de línea más dura han logrado frenar la expansión de las empresas chinas mediante embargos y restricciones de suministro. Hasta las empresas chinas de mayor éxito se muestran vulnerables[1]. Sus cadenas de suministro dependen en exceso de Estados Unidos y sus aliados, ya que China carece de la capacidad necesaria para fabricar componentes clave de hardware y tecnología. Esta vulnerabilidad es la que impulsa los esfuerzos de sustitución de importaciones de China.
A ojos de Pekín, la tecnología blanda ha atraído un volumen excesivo de inversión y únicamente se dirige al consumo y a sectores con escaso valor estratégico a largo plazo.
El sector manufacturero ha vuelto
El sector manufacturero ha vuelto a despertar el interés de las autoridades, lo que tiene consecuencias positivas para el crecimiento a largo plazo.
El sector interno chino inició un reequilibrio estructural en 2005, con unos costes más bajos y la mejora de las infraestructuras, lo que impulsó la industrialización hacia las provincias pobres del interior. Este movimiento trajo consigo la división regional de la mano de obra, y la región oriental pasó de la actividad manufacturera a las industrias de servicios de alto valor añadido. Las regiones del interior, más baratas, se dedicaron a la fabricación de bajo valor añadido.
Este proceso se interrumpió en 2013, cuando Pekín convirtió al consumo y los servicios en los factores impulsores del progreso económico. La idea era impulsar la calidad del crecimiento, aun cuando ello supusiera ralentizar la tasa de crecimiento.
Lo más probable es que, con el enfoque actual, se reanude la migración industrial a las provincias del interior, especialmente de las industrias de alto valor añadido. Todo ello reactivará la tendencia de crecimiento del PIB y aumentará la productividad de China a largo plazo.
El papel del sector privado
Pekín otorga una gran importancia al desarrollo de las tecnologías de vanguardia y a la reducción de la dependencia de las cadenas de suministro de fuentes externas. Considera que la innovación contribuye a alcanzar la prosperidad común, y que la digitalización es la solución para mejorar la eficiencia económica y el acceso de los ciudadanos a los servicios modernos.
Aunque desea que las entidades estatales sean las que asuman la mayor carga en lo que respecta a la inversión tecnológica, también quiere que las pequeñas y medianas empresas y el sector privado impulsen el cambio innovador y financien el desarrollo de la tecnología dura.
En este contexto, China ha anunciado la creación de un nuevo mercado de valores en Pekín que ofrecerá a las pymes un canal de financiación de bajo coste con procedimientos de cotización sencillos[2]. Se trata de un paso importante hacia el desarrollo de los mercados de capitales, con el fin de que estos puedan reasignar el capital a la economía real, y también permitirá favorecer la prosperidad común, mediante la redistribución de la riqueza desde los conglomerados y el sector estatal hacia las pymes y las empresas de propiedad privada. La creación de este nuevo mercado pone de manifiesto el respaldo a las empresas privadas que contribuyan a alcanzar los objetivos estratégicos del país.
Por lo tanto, las recientes medidas normativas no pretenden frenar al sector privado, sino alinear los intereses del sector con los objetivos estratégicos de Pekín. Aquellas empresas privadas que se desvíen de los objetivos públicos sí que podrían verse desplazadas y penalizadas.
Este enfoque confirma el planteamiento que venimos sosteniendo desde hace tiempo, en el sentido de que las reformas económicas se basan en el uso estratégico de los mercados bajo la dirección del Estado, y no en el uso de las fuerzas del mercado para impulsar el cambio[3].
La agenda nacional
Este planteamiento también se ve reforzado por la preocupación que muestra China ante la posibilidad de que los medios de comunicación influyan en la opinión pública y la política gubernamental, puedan dar lugar a ciertos abusos por servir a intereses particulares, distorsionen la política pública y provoquen inestabilidad sistémica. Con el fin de minimizar dichos riesgos, el organismo regulador de ciberseguridad adquirió participaciones de ciertas plataformas chinas de redes sociales el pasado mes de agosto.
La reducción de la desigualdad en la distribución de la riqueza se ha convertido en una de las principales prioridades del gobierno. El presidente Xi Jinping considera que la desigualdad social y de rentas constituye una amenaza para el desarrollo a largo plazo. De hecho, la política de prosperidad común tiene como objetivo aumentar la remuneración del trabajo como proporción del PIB para ayudar a abordar la desigualdad (véase gráfico 1).
Ante el mayor control del que son objeto, muchas de las grandes empresas han anunciado su intención de donar fondos a la sociedad. Sin embargo, no parece probable que vayan a volver los buenos tiempos de la supervisión permisiva y la indulgencia normativa. Pekín va a ser muy estricto a la hora de aplicar la nueva normativa, ya que está decidido a favorecer la redistribución de las rentas y a crear empleos de alto valor, impulsando para ello la innovación y el avance tecnológico.
Consecuencias para el consumo
Se prevé que estas políticas impulsen el consumo. La creación de una red más favorable de protección social debería contribuir a reducir el ahorro de los hogares y aumentar la confianza de los consumidores. La población con menos recursos presenta una mayor propensión marginal al consumo que la población más rica, por lo que el impacto positivo sobre el consumo de la distribución más equitativa de los ingresos debería ser significativo.
Lo más probable es que el gasto se dirija a los sectores de consumo de masas y de valor medio. Sin embargo, la distribución más equitativa de la riqueza entre las pymes y las empresas privadas debería aumentar el crecimiento de la renta agregada, lo que permitiría continuar impulsando el crecimiento del sector de los artículos de lujo incluso sin el apoyo político.
[1] La política exterior de Estados Unidos hacia China ha pasado del diálogo constructivo, como el que han llevado a cabo las administraciones anteriores a Donald Trump, a la competencia estratégica. Véase, por ejemplo, «Strategic Asia 2020: U.S. – China Competition For Global Influence», editado por Ashley J. Tellis, Alison Szalwinski y Michael Willis, Oficina Nacional de Investigación Asiática, Seattle, Washington D.C. 2019 https://carnegieendowment.org/files/SA_20_Tellis.pdf
[2] «China’s Xi Jinping Says It Will Set Up a Stock Exchange in Beijing for SMEs», CNBC, 2 de septiembre de 2021 https://www.cnbc.com/2021/09/03/xi-jinping-says-china-to-set-up-beijing-stock-exchange-for-smes.html
[3] Véase «Chi on China” Mega Trends of China (6): Evolution of China’s Growth Model», 6 de abril de 2018.
